publicado en Página/12
fecha: martes 10 de noviembre de 2009
difundido por RIMA - Red Informativa de Mujeres de Argentina
“Vamos a colgar del mástil su cogote”
La subdirectora de Políticas de Género de Santa Rosa, Mónica Molina,
recibió la intimidación en un teléfono municipal. Había impulsado el
cierre de las “whiskerías” en esa ciudad. Aquí explica cómo lo logró y
las dificultades con que se encontró.
Por Mariana Carbajal
Primero preguntó por ella. Y como no estaba, una voz masculina le dejó
un mensaje: “Decile que le vamos a cortar el cogote y lo vamos a
colgar en el mástil para que flamee junto con la bandera frente al
municipio...”. Esa fue la amenaza anónima dirigida a la subdirectora
de Políticas de Género de Santa Rosa, Mónica Molina, que recibió el
miércoles una telefonista de esa comuna de La Pampa. Molina la
relacionó con el reciente allanamiento a un pub de la ciudad en el que
fue rescatada una adolescente de 17 años, que era explotada
sexualmente, y detenida su regenta. “Ante este amedrentamiento, lo
mejor que hay que hacer es sostener con firmeza lo que hemos
implementado. No hay que desviar el eje, el problema es la existencia
de este delito en la ciudad y en la provincia, y desde el municipio no
vamos a dejar de actuar”, aseguró la funcionaria en diálogo con
Página/12.
Desde que llegó al municipio de Santa Rosa, Molina ubicó el drama de
la trata de mujeres para explotación sexual entre los temas
prioritarios de la agenda política local. En pocos meses logró que el
Concejo Deliberante prohibiera la habilitación de locales nocturnos
que funcionan como pantallas de prostíbulos. Y consiguió que otras
intendencias pampeanas siguieran el mismo camino. Molina es
periodista, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, directora
de la publicación Uban@s en Red, y tiene una larga militancia gremial
y en la defensa de los derechos humanos. “Al estar frente a una
víctima de trata, escuchar el relato de su vida, el dolor que expresa
con su cuerpo, con sus palabras, es imposible no comprometerse”, dijo,
luego de las amenazas, que llevaron al gobierno provincial a brindarle
su respaldo y custodia policial.
Molina está convencida de que hay “una pata importante que falta” para
combatir la trata y es “la investigación de la ruta del dinero” de
quienes regentean los burdeles. “La AFIP tiene que involucrarse, al
menos investigando el enriquecimiento que algunos/as tratantes hacen a
costillas del sometimiento del cuerpo de las mujeres”, desafió esta
mujer que no les tiene miedo a las mafias que hace años se aprovechan
de la pobreza de muchas jóvenes para convertirlas en esclavas
sexuales.
–¿Cómo analiza el movimiento que se está dando en La Pampa a partir de
la sanción de la ordenanza que prohibió las whiskerías en Santa Rosa?
–Es un proceso muy interesante. La clave ha sido la fuerte decisión
política y la convicción ideológica acerca del lugar que tenemos que
tener las mujeres en la sociedad. Primero se instaló en la opinión
pública en Santa Rosa. Luego tres diputados y una diputada elaboraron
proyectos de ley para seguir el mismo camino, que fueron presentados
en la Legislatura provincial. También la Secretaría de Derechos
Humanos de la provincia tomó la iniciativa y está promoviendo la
aprobación de ordenanzas similares. Paralelamente, hubo en la Justicia
cambios positivos. Se rompió el mito de que con “esta gente” –los
regenteadores de prostíbulos y tratantes– no hay que meterse.
–¿Cómo tomó esta política del municipio la ciudadanía en Santa Rosa?
–Hay ciudadanos que respaldan la política del municipio de decirle “No
a la trata”, que saludan esta iniciativa, y también hay otros que
creen que las mujeres que están en las whiskerías están “bien
cuidadas”, y dicen que se va a generar un problema de salud pública,
porque ya no se exige una libreta sanitaria con controles de
enfermedades de transmisión sexual a las “coperas”. Por otro lado,
está el impacto que generó en el movimiento de organizaciones no
gubernamentales que se sumaron con un amplio respaldo.
–¿Los medios de comunicación locales los están acompañando?
–Fue notable el cambio en el discurso en los medios provinciales
favorables a la comprensión de que no hay libre elección de las
mujeres, sino que es una dolorosa opción cuando no hay qué comer, o
cuando las condiciones del contexto familiar son difíciles para
sobrellevar la vida.
–¿Cree que hay una voluntad política real de combatir la trata para
explotación sexual en los concejales e intendentes que impulsaron
ordenanzas similares en otras localidades pampeanas o es una forma de
decir que hacen algo, pero en el fondo prefieren que nada cambie?
–Por ahora se observa una buena intención. No me atrevo a asegurar que
falte compromiso, tal vez falte más información, más sensibilización a
través de capacitaciones en los propios niveles de decisión para que
conozcan la problemática de la trata. Es fundamental además la
implementación de los contenidos de la Educación Sexual Integral en
las escuelas. Hubo gente que se comprometió mucho, como el caso de
Cleotilde Fuentes, que estaba en el área de la Mujer del municipio de
General Acha, y luchó prácticamente sola. Actualmente hasta eliminaron
esa dependencia en una localidad como Acha, que es una de las más
importantes de la provincia. Hay que tener en cuenta que la Ley de
Profilaxis tiene 70 años y muchos no sabían que los prostíbulos no
estaban permitidos en el país y a otros muchos les convenía que nadie
pateara el tablero, y a partir de ese marco se avanzó con la vertiente
reglamentarista de la prostitución, cuando la Argentina tiene
tradición abolicionista.
–¿Cuál es la posición del gobierno provincial al respecto?
–Ni. Creo que el gobierno provincial tiene menos compromiso que los
intendentes/as, concejales/as que se atrevieron a poner en discusión
en sus ámbitos este tema. Salvo la Secretaría de Derechos Humanos de
la provincia, no hubo una definición política de las máximas
autoridades del gobierno provincial. Ni siquiera el lógico respaldo a
esta política pública que hubiéramos esperado del Consejo Provincial
de la Mujer, que no dijo una sola palabra al respecto. Una muestra de
ello es que en febrero las autoridades policiales decían que no había
trata de personas en La Pampa, y hoy, a nueve meses de esos dichos,
integrantes de la policía pampeana se han visto involucrados en el
delito de trata, con connivencia. Un ejemplo es el caso del
subcomisario de Lonquimay, el ex jefe de la Unidad regional, Hugo
Benvenuto, que se manifestó contrario al cierre de los cabarets en un
lugar emblemático como Macachín, con los burdeles que hay en el lugar,
y luego se pidió el retiro y se conoció que su cuñada regenteaba un
cabaret en General Acha.
Subnotas
“Comprendí que no es un trabajo”
¿Qué opina de la posición de la conducción nacional de la Asociación
de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), que reivindica la
prostitución como trabajo sexual?
–Tuve oportunidad de entrevistar a la titular de Ammar, Elena Reynaga,
en febrero del 2006. En aquel momento dudaba de la prostitución como
trabajo, hoy tengo la certeza de que de ninguna manera es un trabajo.
En parte, lo comprendí a través de la palabra lúcida de Sonia Sánchez,
creo que claramente queda expuesto en el libro Ninguna mujer nace para
puta. Por ello, entiendo la prostitución como una circunstancia de
injusticia, a la que son expulsadas las mujeres para poder sobrevivir
y para ello su cuerpo es el medio. Lamentablemente, con consecuencias
para su salud física y mental muy terribles. No creo que sea positivo
para las generaciones de niñas y adolescentes promover la idea de que
la prostitución es “trabajo sexual”, porque es como decirles que nunca
van a tener otra oportunidad para sus vidas. Pretendo que se respete
la autonomía del cuerpo de la mujer, pero no me gusta confundir esto
con la demagogia de pensar que las mujeres, niñas o adolescentes han
decidido sobre su cuerpo para ejercer la prostitución, sobre todo
cuando nos encontramos en las calles, o en los burdeles mujeres muy
pobres, que han dejado sus hogares, sus hijos y que han tenido que
prostituirse para poder vivir. Una cosa es elegir y otra optar, porque
la pobreza te obliga a hacerlo. Sí creo que el Estado es cómplice
cuando no genera las condiciones favorables para el desarrollo de las
mujeres a través de todas sus políticas y planes. La seguridad para
las mujeres es la posibilidad de desarrollarse, de ser protagonistas
de sus propios cambios, de incidir en la cosa pública, y si bien con
otro nivel de responsabilidad creo que también la sociedad es cómplice
e hipócrita porque tiene una doble moral sobre la sexualidad, y cuando
habla de seguridad no reclama por la mujeres desaparecidas en manos de
redes mafiosas de prostitución y trata
La whiskería de Lonquimay
¿Cómo le cayeron las declaraciones recientes del intendente de
Lonquimay, Luis Rogers, que defendió la existencia de un prostíbulo
como un lugar de contención social de jóvenes?
–Es un irresponsable, típico hombre que le brota lo peor del
patriarcado, y que encima se pensaba que tenía la impunidad para
decirlo sin tener el más mínimo cuidado por su investidura. El señor
tiene que saber que está en un nivel del Estado donde debe velar por
el cumplimiento de la legislación vigente en el país y los tratados
internacionales a los que ha suscripto Argentina. Es el típico
político que no podría hacer otra cosa que amparar estos delitos, por
ello, la fiscal Alejandra Ongaro acaba de denunciarlo penalmente. Así
como hay gente que piensa como el intendente de Lonquimay, hay mucha
gente que cuestionó duramente sus expresiones, y creo que esos
repudios están ligados al salto cualitativo que tiene este proceso de
incluir en la agenda pública el tema de trata con fines de explotación
sexual.
–¿Qué la llevó a ponerlo entre los temas prioritarios de su agenda
como subdirectora de Género?
–Mi defensa irrestricta de los derechos humanos y de las mujeres en
particular. La experiencia como periodista y el afán que tenemos
cuando ejercemos el periodismo de correr el velo de aquello que
permanece oculto, de aquello que no se habla, cuando es tan visible a
los ojos. En el 2008 publiqué en Urbanas en Red la existencia de
treinta y cinco prostíbulos en la provincia, pero esa información no
repercutió. No obstante, hoy me encuentro con gente que reconoce que
todo esto ya lo veníamos diciendo. A eso se sumó la percepción sobre
el tema, que implica una dimensión política trascendental en distintos
poderes y niveles del Estado, no sólo pensándolo en el territorio
provincial, sino en el nacional. Creo que la pobreza impacta de tal
manera en las mujeres, que no puede ningún Estado no tener políticas
públicas claras para evitar que se profundice tamaña injusticia.
